La intervención de Iglesias estuvo plagada de las propuestas que han hecho que Podemos se haya hecho un sitio en las encuestas en su corta vida. Por ejemplo, el candidato defendió la jubilación a los 60 años y las pensiones no contributivas, y para sostener la Seguridad social afirmó que lo que se debe hacer es «que los ricos paguen más impuestos, en un país como este, en el que el fraude fiscal equivale al 23% del PIB; o evitar que empresas como el Banco Santander tengan filiales en paraísos fiscales, y haciendo una reforma fiscal redistributiva, porque aquí sólo pagan impuestos los autónomos y los que cobran una nómina».
Pablo Iglesias resumió la práctica totalidad de su teoría política y económica en una frase: «Hay que gobernar a favor de la gente y no de las entidades financieras».
Aludiendo a John Maynard Keynes, Iglesias postuló que «de las crisis no se sale despidiendo a gente» y que «desde los años 30 sabemos que lo que hace falta es gasto público». Además, apostó por un «incremento significativo del salario mínimo interprofesional, hasta donde permita a una persona vivir con dignidad. Con 645 euros en 14 pagas, teniendo los gastos normales de cualquier familia en un país desarrollado, no se vive dignamente. La democracia no es sólo dejar una papeleta en las urnas cada cuatro años».
Se le planteó a Iglesias que una subida de los sueldos sustancial y repentina podría afectar a la estabilidad de las pymes, ante lo que argumentó que «si algo teme un empresario es que no haya nadie para comprar sus productos. Esa teoría de que hay que abaratar la fuerza de trabajo con sueldos de miseria no favorece a las pymes. Eso se ve en Grecia, donde ahora la gente se muere a las puertas de los hospitales».
Propone Iglesias que las entidades financieras nacionalizadas, como Bankia, «ayuden a la gente para que pueda abrir negocios. Un autónomo paga 300 euros al mes de cuota, y los trabajadores, el 21% de IRPF. No estaría mal que los bancos pagasen más impuestos, mientras sus ejecutivos tienen los sueldos más altos de Europa».
Por ahí comenzó una línea argumental que le llevó a recordar que el artículo 128 de la Constitución «faculta al Gobierno a intervenir empresas estratégicas cuando haya prácticas oligopólicas», y centró su discurso en las eléctricas, a las que acusó de acordar precios abusivos mientras los sucesivos gobiernos les dejan hacer porque «los ministros acaban en los consejos de administración de esas eléctricas. Los que nos tenían que representar a todos, representan los intereses de los que luego les compran», dijo. Propuso, pues, medidas desde la expropiación a la confiscación, o, moderando su discurso, «establecer un precio político».
Por otra parte, Iglesias abogó por escuchar al pueblo catalán sobre su futuro, si bien «me gustaría que decidiesen seguir con nosotros», sin olvidar que «es una ironía que CiU, que está de corrupción hasta el cuello, hable de soberanía».
Por último, recordó que los candidatos a europarlamentario de Podemos han firmado un protocolo por el que se comprometen a no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional de España (1.930 euros al mes) y a viajar siempre en clase turista. Recordó que un europarlamentario medio cobra unos 8.000 euros netos al mes, «y mi madre me diría: 'hijo, tiene que haber algo ilegal'. No es ilegal, pero sí un insulto a la gente».
Una entrevista interesante para aquellos que quieran conocer más a PODEMOS.